jueves, 27 de septiembre de 2012

Las mayorías, contra el consenso

Jorge Fernández Menéndez

Si hay algo que logró la iniciativa preferente de la reforma laboral fue exhibir la lentitud de reflejos de nuestros partidos políticos, sobre todo en el terreno legislativo. Al tener que dictaminar esa iniciativa en 30 días hábiles, muchos legisladores no supieron siquiera cómo acercarse a ella, aunque el tema haya estado debatiéndose durante años, y apenas en la anterior legislatura se hubieran presentado por lo menos cuatro iniciativas sobre el tema, las del Partido Verde, la del PRI, la del PAN y la del PRD.


En este último partido parece que no aprenden aquello de Albert Einstein de que no se puede esperar resultados distintos haciendo siempre lo mismo, y la respuesta ha sido, nuevamente, amagos de toma de tribuna y bloqueos para tratar de evitar que los legisladores lleguen a San Lázaro, incluido el ridículo de Gerardo Fernández Noroña y Agustín Guerrero, entre otros, que como ya no pueden ocupar tribunas, tratan de bloquear las calles. Martí Batres, convertido ahora en el representante de los duros, ha lanzado discursos flamígeros contra la reforma sin decir nada concreto y sin pensar, ni por un minuto, que abrir el mercado laboral, establecer nuevos mecanismos de contratación, flexibilizar horarios y oportunidades, regularizar el outsourcing, termina siendo una necesidad, no sólo del mercado, sino también de la ciudadanía y sobre todo de los jóvenes, para alcanzar un puesto de trabajo.
 No sabemos cómo saldrá finalmente la reforma, pero lo que ha puesto particularmente molesto a esos grupos perredistas (y/o del Morena) es que en el Congreso, entre otras razones para cumplir con los plazos de la iniciativa preferente, pero también para tener un margen de eficiencia mínima, se han olvidado, afortunadamente, de la lógica de buscar acuerdos de consenso y se ha pasado a operar con base en la búsqueda de mayorías, como ocurre en cualquier congreso que se respete en las democracias occidentales. Y desde 1997 (en realidad el fenómeno comenzó desde 1995, con la reforma fiscal, que aumentó el IVA en plena crisis financiera) el hecho es que no se trabajaba con esos parámetros. La consecuencia ha sido una parálisis legislativa que en ocasiones ha sido disimulada, pero nunca resuelta.
Las iniciativas preferentes, sobre todo la laboral, saldrán por acuerdos en los que participarán el PRI y el PAN, fundamentalmente. No siempre será así: existirán capítulos, iniciativas, que tendrán seguramente otra composición de votos, para transformarse en leyes. Pero no deja de ser un ejercicio inteligente apostar por la mayoría más que por el consenso, por la eficiencia más que por dilatar los asuntos pensando en consensos utópicos. No es sólo en beneficio para la bancada del próximo oficialismo, sino también para las oposiciones: el PAN e incluso el PRD podrán apoyar o no el dictamen que fue impulsado en el Congreso, pero podrán manejar sus respectivas banderas políticas en el futuro, por ejemplo en torno a la democracia sindical. Pero las reformas en lo que sí hay acuerdo no se polarizarán, como venía ocurriendo desde hace años, buscando consensos. Algo similar ocurrirá en las leyes de transparencia del gasto gubernamental, que están en el Senado y en el futuro cuando se aborde la reforma energética.
Con todo, y pese a la profundidad de su crisis (inocultable en muchos ámbitos), es el PAN el que parece tener mayor claridad sobre cómo operar en estos temas, basándose en sus propuestas recientes. En el PRD, donde tenían todo para presentarse como la oposición alternativa, han resultado afectados por el síndrome Morena y por el temor de comenzar a recorrer su propio camino. El que estén apostando en forma tan irracional al futurismo (por lo menos tanto Andrés Manuel como Marcelo Ebrard ya están hablando y operando para la candidatura de 2018) les ha hecho perder el foco y tomar decisiones equivocadas, regresando a caminos que ya habían recorrido.
Olvidemos por un momento las posiciones en torno a la reforma laboral, ¿cómo explicar la tontería del coordinador de los senadores, Miguel Barbosa, pidiendo que se le aplique el artículo 33 constitucional, o sea la expulsión del país, a Óscar Naranjo, por opinar de asuntos internos, al ser un asesor externo del futuro presidente Peña Nieto? ¿Habrán olvidado que López Obrador trajo con un pago de millones de dólares a Rudy Giuliani, para que asesorara al Gobierno del DF sobre seguridad, una asesoría que se concretó con apenas un par de pláticas ante funcionarios de todo nivel?
Escuchando los argumentos del senador Barbosa habrá que darle la razón a Naranjo cuando el viernes pasado advertía de una campaña de grupos del crimen organizado en su contra. Otra vez en el PRD están nerviosos y no aprenden. Es el regreso a las posiciones más retrógradas de la izquierda, las que no le arrojan ningún beneficio, pero sí muchos y constantes costos.

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