Argentina: 51%

Argentina: 51% – por Vicente Massot

Si después del escándalo que rodea a Boudou en el Caso Ciccone; las groserías del Vatayón Militante sacando criminales de las cárceles; el affaire de Schoklender y las Madres de Plaza de Mayo; y la política de intromisión en la vida de las personas a la hora de viajar al exterior, la presidente suma tamaña cantidad de adhesiones para qué cambiar de rumbo.
Tras bambalinas no hay quien hable bien de Cristina Fernández, pero esos mismos personajes que dicen incendios de la presidente cuando la función todavía no ha comenzado, puestos en medio del escenario se comportan como dóciles marionetas del Poder Ejecutivo nacional.

Nadie o muy pocos desean vocear en público sus disidencias por miedo a perder sus canonjías, a poner en riesgo su jubilación o las prerrogativas que Guillermo Moreno le extiende, de tanto en tanto, al capitalismo prebendario que existe en la Argentina. Nadie o muy pocos están dispuestos a pelear porque nunca lo han hecho en serio, y entonces esa fibra que se requiere para acusar el mejor perfil en las situaciones de riesgo falta en la mayoría de los que, en privado, se andan en caballerías y parecen dispuestos a llevarse puesto al kirchnerismo a la primera de cambios.
Cuando se festejó el día de la Industria, la UIA aceptó, sin decir esta boca es mía, que la jefe de gobierno copara la celebración, le prohibiera a los empresarios allí reunidos que pronunciaran discurso alguno y se encargara, ella sí, de perorar a sus anchas como si fuera la cosa más normal del mundo. Es cierto que esa asociación gremial no se ha caracterizado nunca por su entereza a la hora de cerrar filas en torno a una posición y defenderla a capa y espada. Más bien lo que ha hecho ha sido acomodarse a la sombra del poderoso de turno y tratar de sacar ventajas económicas a cambio de sumisión. Con todo, en esta oportunidad ni siquiera salvo las formas.
La polémica entre Pablo Rocca y Cristina Fernández merece una consideración distinta aunque, en última instancia, el principal accionista de Techint -en lugar de ratificar lo actuado y dicho- salió a ponerles paños fríos a sus declaraciones cuando percibió, no sin preocupación, que la disputa escalaba y amenazaba llegar a topes para él peligrosos. Por supuesto, como bien reza el adagio, el que explica se complica. No porque, a semejanza de tantos otros, se desdijera de cuanto había expresado antes sino porque la decisión que tomó se pareció demasiado a un pedido indirecto de disculpas; que la presidente aprovechó para pasar por alto el desliz de Rocca y cargar contra Clarín, que había sido el primero en publicar cuanto manifestara el empresario en una reunión cerrada.
Si en el justicialismo nadie parece dispuesto a sacar los pies del plato y hasta Daniel Scioli y Sergio Massa -indecisos respecto de cuál será su actitud de cara a las elecciones de 2013- acaban de sumar su apoyo a la iniciativa oficialista de bajar la edad para votar, en el empresariado y la justicia sucede lo mismo. Los pocos hombres de negocios que se animan a financiar algún emprendimiento opositor, piden reserva de sus nombres y obran con una cautela como para pensar que hay una KGB vigilando sus pasos. En cuanto a los jueces federales y los ministros de la Corte, mutis por el foro.
Aquellos, en cambio, que, con más o menos valentía, están dispuestos a resistir, recién ahora comienzan a vertebrar una estrategia acorde con el opugnador que tienen delante suyo.
Dentro de las filas peronistas el caso del gobernador cordobés resulta arquetípico de cuanto sucede en ese movimiento. José Manuel de la Sota, aprovechando que el viernes pasado se disputaba en la capital mediterránea el partido que nuestra selección de futbol jugó contra Paraguay por las eliminatorias del próximo campeonato mundial, invitó a sus pares de otras provincias a acompañarlo en el palco de honor. Sucedió algo que seguramente el anfitrión esperaba: sólo se hicieron presentes Mauricio Macri y Miguel del Sel. Los demás brillaron por su ausencia.
Fuera del mandatario cordobés y del jefe del PRO solo se destacan en el campo gremial Hugo Moyano y Luis Barrionuevo -que nunca terminan de ponerse de acuerdo-; el intendente de Malvinas argentinas, Jesús Cariglino; y los dos principales matutinos del país, Clarín y La Nación. En conjunto, aunque sin coordinación entre sí -que sería ridículo exigirles, salvo en el caso de los peronistas- todos se hallan en la vereda de en frente del kirchnerismo, sin posibilidad ni pretensión alguna de acortar distancias y forjar, el día de mañana, algún tipo de alianza táctica con el gobierno. Han decidido recorrer un camino que no tiene retorno y cuyo final resulta incierto.
El común denominador que los amontona, sin unirlos todavía, es la convicción común de que en 2013 se disputará entre nosotros algo más que una pulseada legislativa y que -de resultas de esa elección- quedará en claro si Cristina Fernández puede o no ser reelecta.
Hay, también, otro dato que todos acreditan en mayor o menor medida: han sido elegidos como enemigos y lo saben.
En una guerra así -por ahora, al menos, sin sangre- es lógico que la Casa Rosada embista contra Cariglino y, por vía de Gabriel Mariotto y Carlos Kunkel, lo acuse, poco menos, de ser responsable de un crimen; que trate de quitarle fondos a las obras sociales de los sindicatos que no le son adictos; que le ponga fecha de remate -el 7 de diciembre- a parte del grupo Clarín; que mantenga, sin prisa ni pausa, el hostigamiento contra Papel Prensa; que acaricie la idea de condenarlo el año próximo a Macri valiéndose de jueces adictos, y que amenace a cualquier gobernador con quitarle los fondos necesarios para sufragar los gastos de sus respectivas administraciones provinciales, si acaso alguno de ellos pensase hacer causa común con De la Sota.
La pregunta de por qué la estrategia gubernamental es tan descarada y descarnada, tuvo un principio de contestación en la encuesta nacional que la consultora Poliarquía publicó, dos domingos atrás, en el diario fundado por Bartolomé Mitre.
Mientras algo más de 60 % de los entrevistados confesó su oposición a la reforma constitucional -dato que alegró a casi todo el arco opositor- 51 % dijo tener una opinión favorable de la gestión de Cristina Fernández.
Si después del escándalo que rodea a Boudou en el Caso Ciccone; las groserías del Vatayón Militante sacando criminales de las cárceles en un país proverbialmente inseguro; el affaire de Schoklender y las Madres de Plaza de Mayo; y la política de intromisión en la vida de las personas a la hora de viajar al exterior, la presidente suma tamaña cantidad de adhesiones -en un relevamiento que no fue hecho por Artemio López- para qué cambiar de rumbo.
Distinto sería si otros fueran los números. Como de momento resultan contundentes, el oficialismo no modificará un punto o una coma de su plan de enfrentamiento abierto y hostigamiento permanente a quienes no se sometan a sus órdenes. Tiene cuerda para hacerlo y fondos no le faltan.