por Juan Carlos Hidalgo
Juan Carlos Hidalgo es Analista de Políticas Públicas para América Latina del Cato Institute.
Panamá vive una de sus mayores crisis políticas desde el regreso a la
democracia en 1989. Los fuertes enfrentamientos de los últimos días de
la policía con los indígenas ngäbe en la región occidental del país —que
ya han dejado al menos dos muertos— son parte de un mayor clima de
crispación política que tiene su origen en el creciente actuar
autoritario del presidente Ricardo Martinelli.
Desde que llegó al poder en julio del 2009, Martinelli ha dado
señales preocupantes de querer socavar las instituciones democráticas
panameñas. No más empezando su mandato, Martinelli aprovechó la apertura
de dos vacantes en la Corte Suprema para nombrar allegados suyos como
magistrados, uno de los cuales es el actual presidente de la Corte.
También ha puesto a exsubordinados o gente cercana al mando de
instituciones claves como la Contraloría de la República y la Fiscalía
General. Si bien Martinelli no violó la ley al realizar o promover los
nombramientos, estos ciertamente atentan contra la independencia de
dichas instituciones. Peor aún, a través del uso discrecional de
partidas específicas, Martinelli ha logrado aumentar su bancada en la
Asamblea Nacional de 13 a 36 diputados.
A esto se suman múltiples irregularidades en el manejo de fondos
públicos. Los procesos de licitaciones públicas son comúnmente
ignorados, y los contratos estatales son asignados a parientes y socios
políticos.
Amenazas a la prensa. Martinelli también la ha
emprendido contra los medios de comunicación, la sociedad civil y los
empresarios. En los dos últimos años, Panamá ha caído 58 puestos en el
índice de libertad de prensa elaborado por Reporteros
sin Fronteras. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha advertido
de las amenazas que reciben los medios de comunicación por parte no solo
del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Judicial y la Fiscalía.
Periodistas extranjeros han sido expulsados o se les ha negado la
entrada al país.
Un cable de agosto del 2009 de la entonces embajadora estadounidense
en Panamá, Barbara Stephenson, revelado por Wikileaks, advirtió de las
“tendencias autocráticas” de Martinelli. La diplomática comentó una cita
que tuvo con el mandatario panameño donde este le pidió ayuda a la
Embajada de EE.UU. para intervenir las llamadas telefónicas de figuras
de la oposición —petición que fue debidamente rechazada—. Stephenson
añadió que Martinelli ha recurrido al “acoso y chantaje” de empresarios.
De hecho, el gobierno ha utilizado auditorías tributarias para
intimidar a personas del sector privado que han ventilado su oposición a
las acciones de Martinelli.
El ambiente político panameño se empezó a caldear hace unas semanas
debido a los esfuerzos de Martinelli por resucitar un desaparecido
tribunal constitucional dentro de la Corte Suprema que podría
pavimentarle su camino a la reelección. Este tribunal,
conocido como la Sala Quinta, existió durante un breve lapso en 1999
pero rápidamente fue derogado por el Congreso. Sin embargo, la Corte
Suprema dictaminó el año pasado que la ley que lo abolió es ilegal.
Martinelli aprovechó el controversial fallo de la Corte Suprema para
impulsar un proyecto de ley que rehabilitaría de nuevo a la Sala Quinta.
De aprobarse, Martinelli tendría la facultad de nombrar a los tres
magistrados del nuevo tribunal, el cual conocería temas
constitucionales, siendo uno de ellos la constitucionalidad de los
límites a la reelección presidencial. La Constitución panameña
actualmente impide la reelección consecutiva del presidente. El
mandatario de turno debe dejar pasar dos períodos para poder aspirar
nuevamente al cargo. Muchos panameños temen que el objetivo de
Martinelli con la Sala Quinta sea eliminar dicha restricción.
A pesar de que Martinelli cuenta con una amplia mayoría en la
Asamblea Nacional, la oposición fue capaz de detener la creación de la
Sala Quinta. Sin embargo, gracias al fallo de la Corte Suprema, e
instigado por el presidente de dicho órgano, Martinelli ahora amenaza
con nombrar a los tres magistrados e instalar unilateralmente a la Sala
Quinta, aun cuando no haya una ley aprobaba por la Asamblea Nacional.
Todo esto amenaza con desatar una seria crisis institucional en Panamá.
Oposición ciudadana. La población está empezando a
reaccionar ante estos exabruptos y arremetidas contra la
institucionalidad democrática. Un sondeo reciente publicado por La Prensa
reveló que el 70% de los panameños considera a Martinelli como
“autoritario” y el 73% se mostró preocupado por el futuro de la
democracia en su país. El manejo represivo del gobierno de las protestas
de los indígenas ngäbe —quienes se oponen a la minería en sus comarcas—
confirma estos temores. Prueba de ello fue la admisión por parte del
ministro de Seguridad de que el gobierno bloqueó este fin de semanas las
telecomunicaciones en la zona del conflicto, una medida que atenta
contra las garantías constitucionales y se asemeja al actuar de otros
gobiernos autoritarios como el de Egipto y Siria. La prensa también ha
documentado el uso de armas de fuego contra los manifestantes. Dado el
pasado reciente de Panamá, el carácter represivo con el que el gobierno
ha respondido a las protestas ha generado indignación en la mayoría de
la población.
Los acontecimientos de los últimos días se suman a una larga
secuencia de eventos que parecen confirmar los temores de los panameños
por el futuro de su país. Sin duda, no resulta exagerado decir que
Ricardo Martinelli es el hombre más peligroso para la democracia y el Estado de derecho en Centroamérica, luego de Daniel Ortega.
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