Las reformas, rehenes del oportunismo

Paralaje

Liébano Sáenz

Las reformas se han dificultado. La Cámara de Diputados no es capaz de construir consensos para designar a los consejeros electorales, con lo que desatiende el mandato constitucional. El Presupuesto y la Ley de Ingresos están entrampados y las negociaciones serán intrincadas. Poco se logrará recriminando a unos y a otros, los acuerdos deben ser fruto de la confianza...

Ilustración: Jorge Moch

En política, como en todos los órdenes de la vida, hay que aprender a asumir las consecuencias de cada una las decisiones que tomamos. Las tareas políticas y gubernamentales están repletas de dilemas, lejos de las soluciones fáciles. Casi siempre entrañan disyuntivas que obligan a sopesar ventajas, inconvenientes e implicaciones. Nada es gratuito; siempre, invariablemente, hay costos que, de una u otra manera, deben enfrentarse.

Soy de los que consideran que la decisión del PAN de unirse con el PRD para derrotar al PRI en las elecciones locales, después de la federal de 2009, implicó sacrificar la negociación en el Congreso con los actores que tenían la capacidad de procesar los cambios legales que el país requería. Meses antes, durante el primer periodo de sesiones (de septiembre a diciembre de 2009), el PAN y el PRI pudieron concretar una reforma trascendental para las finanzas públicas: el incremento del IVA; un acuerdo sumamente difícil por sus costos electorales y políticos implícitos. Y esto fue posible porque la negociación involucró a los dos segmentos interesados en el fortalecimiento de las finanzas públicas: la Secretaría de Hacienda y los mandatarios estatales.

La nueva integración de la Cámara de Diputados en 2009 fortaleció a los gobernadores del PRI, porque su triunfo en muchos distritos les valió tener interlocutores afines en el Congreso. El PRI en el Senado intentó frenar esta significativa reforma, por un evidente interés político y como parte de la disputa por la candidatura presidencial del tricolor; responsabilidad versus oportunismo. Afortunadamente prevaleció la primera y así se hizo posible un cambio legal sumamente complicado.

En aquel entonces, las negociaciones en el Congreso eran simultáneas al compromiso del PAN de no realizar una alianza opositora con el PRD. Existe prueba de ello. Más allá del valor a la palabra empeñada, lo relevante es que ni el PAN ni el gobierno pueden darse por sorprendidos ante las consecuencias de haber promovido las alianzas opositoras al PRI. Además, tengo la convicción de que la alternancia en Oaxaca, Puebla y Sinaloa hubiera ocurrido aun sin estas coaliciones por el ánimo de alternancia que privaba en dichos estados y el perfil bipartidista que los caracteriza. La posibilidad de alcanzar las reformas, especialmente aquellas que dividen a la base social de los partidos, fue anulada por la decisión panista de emprender alianzas para derrotar al PRI, incluso con candidatos que no eran y no son panistas genuinos.

Es legítimo que los partidos busquen alcanzar sus metas electorales; eso no se discute. Sin embargo, en el entorno posterior a diciembre de 2009, también han sido inobjetables las consecuencias de la coalición para derrotar al PRI. En el Estado de México, el PAN no hizo alianza con el PRD porque las fuerzas afines a López Obrador, y el mismo candidato Alejandro Encinas, la rechazaron. El candidato Bravo Mena, un político de probada solvencia ética, inició su campaña en las condiciones más desfavorables posibles, especialmente frente a la convicción en la cúpula panista de que el candidato idóneo para derrotar al PRI no era él, sino Alejandro Encinas o Eruviel Ávila. Por ello no debe sorprender el desenlace de la elección: una derrota discorde con el perfil del candidato postulado y con la situación real del PAN en la entidad. Muchos de los votos potenciales migraron al abstencionismo o al PRI.

Algo semejante ocurrió con Marcelo Ebrard al interior del PRD. En las encuestas queda claro que los panistas tienen preferencia por el jefe de Gobierno con respecto a AMLO. En población abierta, la competitividad de Ebrard no proviene del PRD ni de los indecisos, sino de electores que nunca votarían por el PRD, a menos que Ebrard fuera el candidato postulado por una alianza con el PAN. La decisión del jefe de Gobierno de impulsar las alianzas (objetivo válido si su cálculo era el de ser candidato de una coalición PAN-PRD) le trajo un alejamiento de la base perredista y de la izquierda en general. Ahora, las encuestas consignan que entre los electores afines al PRD existe una preferencia muy clara a favor de López Obrador. La situación del jefe de Gobierno, como consecuencia del pronunciamiento a favor de las alianzas, se ha complicado no obstante estar gobernando con acierto, y en algunos rubros de manera ejemplar.

Las reformas se han dificultado enormemente. La Cámara de Diputados no es capaz de construir consensos para la designación de los consejeros electorales, con lo que está desatendiendo el mandato constitucional. El Presupuesto y la Ley de Ingresos están entrampados y las negociaciones serán intrincadas. Por su parte, el gobierno convirtió a la Secretaría de Hacienda, por primera vez en la historia, en una entidad con un desempeño evidentemente electoral y partidista. Su anterior titular busca hoy la candidatura presidencial. Ahora, como aspirante, en lugar de validar una oferta política basada en su sólido y probado conocimiento de las finanzas públicas y de los problemas del gobierno, utiliza una retórica de confrontación hacia el PRI y sus dirigentes, recurso que hasta el momento ha resultado infructuoso por el lugar que ocupa en las preferencias al interior de su partido.

La ley de amparo es un buen ejemplo de las dificultades que entrañan las reformas. En junio pasado fue publicada la reforma constitucional que transforma de manera profunda el ámbito de los derechos humanos y el régimen constitucional de amparo. Existe consenso sobre la importancia de dicho cambio constitucional y de sus virtudes. En los transitorios del decreto de reforma, los legisladores establecieron que en un periodo de 120 días a partir de la fecha de publicación, tendrían que hacerse los cambios a la ley de amparo. Nada ha ocurrido… estamos ante un nuevo incumplimiento de los legisladores con la Constitución.

Poco se logrará recriminando a unos y a otros; lo importante es aprender de los errores. Los acuerdos son fruto de la confianza y de la necesidad, pero también de la madurez y de la responsabilidad. Las reformas no pueden ser secuestradas por el oportunismo electoral. Por ello es necesario que, desde ahora, los partidos y los aspirantes se aparten del ánimo de polarización y hagan de la contienda del 2012 una disputa bajo los principios y la urbanidad que son propios de la democracia.