Obama: "Ya ha llegado la hora de que suceda algo en Cuba"

El presidente de EE UU ha contestado en directo desde la Casa Blanca preguntas de la comunidad hispana sobre inmigración, empleo y ha defendido la legalización de los latinos indocumentados

ANTONIO CAÑO | Washington

Barack Obama ha prometido hoy un cambio de la política de Estados Unidos con Cuba, incluido el levantamiento del embargo, si se aprecian signos de evolución del régimen de la isla hacia la libertad y la democracia. "Ya ha llegado la hora de que suceda algo en Cuba", ha declarado el presidente norteamericano en una entrevista en la Casa Blanca dedicada a analizar los problemas de la comunidad hispana, cuyo voto puede decidir la suerte de las próximas elecciones presidenciales. Obama ha manifestado que está a favor de crear "una vía para la legalización" de los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que se calculan en este país, pero ha advertido que eso depende de la aprobación de una nueva ley migratoria para la que actualmente no existe consenso suficiente en el Congreso.

El presidente ha recordado que no está en su mano imponer esa ley y ha acusado a la oposición republicana de impedirlo. "La ley tiene que pasar la Cámara de Representantes, que controlan los republicanos, y obtener 60 votos en el Senado. Esa mayoría no existe en este momento y tampoco existe un liderazgo republicano que pueda conseguirlo", ha dicho. Por su parte, ha añadido, está dispuesto a seguir abogando por "una reforma justa" que combine la necesidad de seguridad fronteriza con la concesión de derechos de ciudadanía a las personas que trabajan y crean riqueza en EE UU.

Para los cerca de 50 millones de hispanos que residen en EE UU, los asuntos migratorios y sus problemas cotidianos de supervivencia ?el desempleo, la educación, la atención sanitaria? son las principales preocupaciones y las razones que deciden su voto. Pero también están interesados en la política norteamericana respecto a los países de los proceden. En ese contexto ha hablado Obama en esta sesión, en la que ha respondido a preguntas enviadas por los ciudadanos, sobre la necesidad de combatir de forma coordinada a los carteles de las drogas que siembran el terror en México y de ayudar a la economía de ese país a adquirir la vitalidad necesaria para contener la salida de su población. Y ha hablado también, por primera vez desde hace bastante tiempo, de Cuba, donde tiene su origen uno de los mayores y más influyentes grupos de estadounidenses hispanohablantes.

El presidente ha afirmado que, actualmente, no se vislumbra en Cuba "un verdadero espíritu de transformación que nos anime a levantar el embargo". Pero ha añadido: "Si vemos signos positivos, responderemos de forma positiva". "Estoy dispuesto a cambiar la política con Cuba si veo que el Gobierno está dispuesto a otorgar la libertad a su pueblo", ha asegurado. Fuera de esa descripción general, Obama no ha mencionado condiciones específicas, como elecciones democráticas o libertad de partidos, que el régimen cubano tenga que cumplir para el levantamiento del embargo. Se refirió en todo momento a "signos" o "señales", aunque sí ha mencionado concretamente la necesidad de que sean puestos en libertad todos los presos políticos.

Importancia del voto hispano para la reelección

Al comienzo de su presidencia, Obama presentó similares ofertas a La Habana y las acompañó con medidas para liberalizar los contactos entre los cubanos de la isla y los más de un millón que viven en EE UU. Hoy los cubanos pueden viajar a su tierra de origen o enviar dinero y ayuda a sus familiares prácticamente sin restricciones. Pero nada de eso sirvió para modificar el tono hostil de las relaciones bilaterales, y el asunto cubano quedó durante dos años archivado en los cajones de la Administración.

Nada hace pensar que el Gobierno cubano pueda responder de forma diferente a esta nueva oferta de acercamiento, pese a que en el tiempo transcurrido los problemas internos en Cuba se han agudizado y el presidente, Raúl Castro, ha tenido que tomar algunas medidas para liberalización económica del sistema. Tampoco en el asunto prioritario para la mayoría de los hispanos norteamericanos, el de la inmigración, se esperan grandes novedades. Sólo un milagro podría conseguir, en el actual clima de enfrentamiento político en Washington, un acuerdo antes de las elecciones de 2012 para la legalización de los indocumentados. En este asunto, para mayor dificultad, también algunos demócratas se oponen a las intenciones del presidente.

Pero Obama tiene la obligación de seguir intentándolo hasta el último minuto, al menos para que los hispanos crean en la sinceridad de sus propósitos y le den una segunda oportunidad. Las elecciones se ganan Estado por Estado, y la decisión que tomen los hispanos puede ser determinante en lugares clave como Colorado, Florida, Nevada, California, incluso en New Jersey o Pensilvania. Hoy por hoy, está lejos de tener asegurados esos votos. La caída de popularidad de Obama entre los hispanos es tan notable como entre el resto de la población. Según Gallup, su aprobación en esa comunidad es del 48%, cuando llegó a ser superior al 80%. En 2009, el hecho de que consiguiera el doble de votos latinos que John McCain fue uno de los factores que explicaron su victoria electoral.

Además de las recriminaciones comunes sobre la marcha de la economía, los hispanos le reprochan a Obama su falta de energía en la defensa de la reforma migratoria y el aumento de las deportaciones, que han alcanzado un ritmo de 400.000 al año. El presidente ha explicado hoy que la gran mayoría de esas deportaciones son de personas devueltas a su país desde la misma frontera, no desde sus lugares de trabajo.

La inseguridad ciudadana asfixia a los venezolanos

Siete gobernadores opositores firman un manifiesto para atajar la situación

MAYE PRIMERA - Caracas -

Jesús Arnaldo Molina: 35 años, vendedor ambulante de café. Murió el viernes en Caracas de cuatro puñaladas en el pecho, dos meses después de que mataron a su primo para robarle una moto china. César Vargas: 25 años, lavaba coches en Multiservicios Balconcito. Fue asesinado el sábado de cuatro disparos tras serle robados los 500 bolívares fuertes (poco más de 100 dólares) de su salario del mes. Ruth Castillo Robles: 55 años, inmigrante peruana. Tenía una cama, una mesa y un televisor en su casa, donde entraron a robar el domingo. La encontraron muerta de diez puñaladas.

El 80% considera que la violencia es el problema más grave del país

Cada dos horas se produce un asesinato, según datos extraoficiales

La estadística extraoficial que indica que cada dos horas se comete un asesinato en Venezuela es un diminutivo de los nombres de estas personas. Sus casos, reducidos a cifras, se pronuncian rápido: Jesús, César, Ruth y las 43 personas que murieron este fin de semana en Caracas vivían en un país donde la tasa de homicidios se calcula en 57 por cada 100.000 habitantes y donde, entre 1999 y 2010, fueron asesinadas más de 136.000 personas, incluidos niños, de acuerdo a los registros de la ong Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). Se prevé que otras 19.000 personas ya habrán muerto para finales de 2011.

En este país partido en dos por la polarización política, los seguidores del presidente Hugo Chávez y sus detractores coinciden al menos en una cosa: más del 80% de los venezolanos considera que la inseguridad ciudadana es el problema más grave que afecta al país, según indican las encuestas. La impunidad también alarma e indigna: menos del 10% de estos crímenes son siquiera investigados. Sin embargo, cada bando tiene opiniones distintas sobre el origen y las posibles soluciones para combatir esta crisis.

Siete de los 23 gobernadores del país y el alcalde mayor de Caracas creen que estos números rojos son el resultado de la falta de políticas públicas efectivas para enfrentar el problema. Todos ellos, opositores al gobierno de Chávez, suscribieron el martes en Caracas el Manifiesto de Petare: un documento en el que, además de planes de seguridad, exigen al Ejecutivo que respete la autoridad de gobernadores y alcaldes respecto a la administración de sus propios cuerpos policiales, y que la porción del presupuesto nacional que les corresponde sea distribuida puntual y equitativamente. El Manifiesto fue firmado por el Alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledezma, y por los gobernadores de los Estados Amazonas, Carabobo, Lara, Miranda, Nueva Esparta, Táchira y Zulia.

"El Gobierno ha presentado 11 planes en materia de seguridad y ninguno ha resuelto el problema. ¿Por qué? Porque no se trata de tener tanques de guerra y pelotones en las calles. Se trata de tener educación, un modelo económico que no deteriore el empleo y un sistema efectivo de administración de justicia", según Henrique Capriles Radonski, gobernador del capitalino Estado de Miranda, aspirante a ser el candidato único de la oposición en las presidenciales de 2012 y anfitrión de la cumbre de gobernadores.

El más reciente programa de seguridad ha sido el dispositivo Bicentenario, puesto en marcha en marzo de 2010 en diez de los 23 Estados del país y coordinado por la Guardia Nacional Bolivariana (policía militar), con la participación de la policía nacional y los cuerpos de policía regionales y municipales.

Según Capriles, los gobiernos regionales no tienen dinero suficiente para enfrentar el problema, pues el Gobierno central solo ha repartido entre las regiones el 6,7% de los ingresos extraordinarios que ha percibido el país por las exportaciones de petróleo. El cálculo es el siguiente: el 60% del presupuesto de Venezuela lo financia la renta petrolera. Para el presupuesto de este año, el precio medio del barril de crudo venezolano fue calculado en 40 dólares. Pero en 2011, el precio del barril ha superado los 100 dólares. Ese "dinero extra", dicen los gobernadores opositores, se lo ha quedado el Gobierno central.

En el caso de Miranda, el cuerpo de policía regional cuenta con 2.500 funcionarios que, distribuidos en tres turnos de patrullaje, deben proteger a más de tres millones de habitantes. "Deberíamos tener más del doble de funcionarios. Pero para poder crecer, formar a los muchachos y darles un salario competitivo, se necesita presupuesto", dice Capriles. Lo ideal sería que hubiese tres policías por cada mil habitantes.

Hugo Chávez cree, por el contrario, que son ellos, los gobernadores opositores y los policías que están a su cargo, los que conspiran para que la inseguridad siga aumentando. El 14 de septiembre pasado, el presidente venezolano exigió a la mayoría chavista en el Parlamento que investigara a los comandantes de las policías regionales. "Hay que investigarlo en la Asamblea Nacional, quiénes son los jefes policiales en los Estados donde hay gobernadores de la oposición; cuál es la relación que podría haber entre el incremento de los secuestros, atracos, con la presencia de estos personajes", dijo Chávez a través de una llamada telefónica que fue retransmitida por la estatal Venezolana de Televisión.

En medio de una campaña electoral adelantada por las presidenciales de 2012, nada parece indicar que unos y otros llegarán a un acuerdo a medio plazo. Los asesinatos y los robos, mientras tanto, suman y siguen.