El dudoso proceso de paz colombiano
Por Dr. Darsi Ferret
Por Dr. Darsi Ferret
El anuncio público del presidente
colombiano, Juan Manuel Santos, de establecer una mesa de negociaciones
con la narco guerrilla de las FARC causa sorpresa, escozor y hasta
incertidumbre. ¿Puede considerarse el fin de la larga guerra en
Colombia sin tener en cuenta su sostén financiero y la red mercantil
continental, incluidas la transportación y venta de droga, especialmente
con destino a los Estados Unidos? ¿Es creíble un arreglo como el que se
propone el gobierno colombiano con la guerrilla comunista, limitado a
un acuerdo de paz nacional? ¿Qué beneficios pueden aportar al diálogo
entre el gobierno y la guerrilla la participación de Cuba y Venezuela?
Es
justo intentar llevar la paz a un país que por demasiado tiempo ha sido
azotado por la violencia y el terrorismo de fuerzas subversivas. Más,
¿es posible emprender ese cometido sin tener en cuenta factores externos
que quedan fuera del escenario, y también determinan, como el destino
de la droga y la fuente que los financia? ¿O la reorganización del
tráfico que bandas criminales intentan desplazar a Centroamérica?
Como
un hecho aparentemente aislado a esta paz que se quiere lograr en
Colombia, emerge una creciente manifestación, paradójicamente unánime,
dentro de los países centroamericanos. Desde la frontera sur de México
hasta Panamá, los gobiernos y parlamentos manifiestan la intención de
lograr consenso para legalizar por ley el consumo de la droga en sus
territorios nacionales.
Sin
embargo, ¿por qué precisamente ahora semejante medida legal parece
tomar inusitada fuerza? Comparado con el rico mercado de consumo de USA y
Europa, el nivel de vida en Centroamérica es de bajo perfil, poco
atractivo para las ganancias que acostumbran los narcotraficantes
internacionales. Entonces, ¿esta propuesta que busca despejar la
legalidad del consumo es motivada por la modernidad globalizadora, el
consolidado triunfo de una visión contemporánea del derecho personal? ¿O
más bien representa un prudente reacomodo general del sistema legal y
de las fuerzas policiales y de prevención de las naciones del área,
intentando disminuir en lo posible el nefasto impacto en sus débiles
economías de una nueva y poderosa presencia criminal?
Pese
a su enorme capacidad financiera, acumulada por muchos años de
impunidad, los poderosos narcos mexicanos han sido indudablemente
afectados por el creciente combate que en guerra irregular hace años le
imponen las fuerzas del orden dentro de su país. Buscando renovar su
menguado flujo de capital fresco, los poderosos carteles mexicanos se
han desplazado tácticamente de la frontera sur de USA, su principal área
de influencia y beneficios. Aprovechando la poca capacidad de
enfrentamiento de unas fuerzas policiales poco financiadas y preparadas
para enfrentar semejante desafío, ya han dado varias muestras de
crecientes intentonas de reorganizar la transportación de droga desde
Centroamérica hasta el territorio norteamericano. El nuevo modus
operandi se centra fundamentalmente en darles financiamiento y agresiva
operatividad a las violentas bandas de delincuentes de los países
centroamericanos, aunque tampoco renuncian a emprender operaciones con
su propio personal, como lo demostró la reciente captura de una banda
mexicana en la frontera entre Nicaragua y Honduras.
Estas
particularidades demuestran dos cosas: la primera es que el conflicto
colombiano no puede llegar a feliz y definitivo término sin que primero
sean anuladas las fuentes de financiamiento de los elementos de las FARC
que ahora dan señales de querer pasar a la lucha política y competir en
pacíficas elecciones para lograr el poder. El peligro que pueden
representar un pequeño grupo de individuos ideologizados en una teoría
totalitaria, que hasta el presente han irrespetado el Estado de Derecho y
la democracia al intentar denodadamente imponerse en el país mediante
el uso de la fuerza y la violencia, y sin desdeñar el terrorismo como
brutal instrumento para masacrar compatriotas, no puede ser ignorado o
dejado de tener presente por muy repentinas y oportunas declaraciones de
paz e integración que sean emitidas por esos extremistas aparentemente
arrepentidos. La capacidad de continuar contando con un flujo de capital
ilegal para contaminar y destruir el orden institucional colombiano no
queda definitivamente excluida con tales declaraciones. La corrupción
que traería un creciente e incólume capital proveniente de las
inalteradas fuentes de la droga sería un hecho terrible para la
democracia y el Estado de Derecho que con algunas dificultades se
intenta consolidar en América Latina.
La
segunda es que los países centroamericanos constituyen el terreno donde
se podría decidir la derrota continental de la alianza entre el tráfico
de estupefacientes mexicano y la violencia subversiva de las FARC,
destruyendo las fuentes de sustentación de ambos fenómenos criminales.
Previamente sería necesario fortificar Centroamérica mediante un pacto
inclusivo instrumentado con un proyecto continental, que frene y anule
la escalada de expansión operativa de las bandas mexicanas y su
innegable poder de corrupción en la nueva base de operaciones que
pretenden consolidar. El peso que los Estados Unidos y Canadá podrían
aportarle con su tecnología, experiencia e información de inteligencia
serían determinantes, tal como se ha reflejado en el Plan Colombia y que
lamentablemente no se ha consolidado con un semejante Plan México.
Están a la vista los adversos resultados de esta falta de acuerdo por
las autoridades de ambas naciones para un proyecto de mutuo beneficio en
esta importantísima fase de la lucha contra el narcotráfico y la tenaz
supervivencia de la guerrilla colombiana.
Y
debe mencionarse que la lucha frontal del ex presidente Álvaro Uribe,
que en sus dos gestiones de gobierno propino duras bajas a las FARC y
cambio el escenario nacional, dejando a la narco guerrilla en una
situación de desventaja total, y que devolvió la tranquilidad ciudadana
en gran parte del territorio colombiano, no alcanzó aniquilar a esas
tropas insurgentes por el refugio y la protección solapada que reciben
en los territorios fronterizos de Venezuela y Ecuador. Sin ese
significativo apoyo habría sido difícil que aún se sostuviera en
beligerancia ese grupo armado.
La
reciente revelación sobre la presencia del gobierno cubano en las
negociaciones de paz en Colombia también arroja una lúgubre luz sobre
sus resultados positivos que el mismo podría traer para el pueblo
colombiano. Los representantes de la Junta Militar castrista reciben
instrucciones de la misma dictadura totalitaria que durante años
promovió, entrenó, suministró armas, inteligencia, refugio y hasta base
para negociaciones a los subversivos y narcotraficantes colombianos.
Juez y parte de esta sangrienta lucha fratricida, el régimen cubano es igualmente responsable de su larga duración. ¿Por qué se incluye a semejante enemigo de la paz y la libertad en tales conversaciones? Dando vueltas en el mismo punto, América Latina parece trasnochadamente influenciada por una vieja táctica occidental frente al totalitarismo soviético. La pasiva contención y tolerancia inclusiva de los gobiernos del continente con un ponzoñoso sobreviviente político que intenta subvertir y destruir la democracia y el Estado de Derecho en cualquier parte, pero sobre todo en su entorno cercano, también parecen inspiradas en la desacertada certificación de la Administración Obama al calificar al sistema imperante en la isla como no peligroso. Este lamentable error a mediano plazo puede pesar negativamente sobre las intentonas de pacificación en el hermano país suramericano.
Juez y parte de esta sangrienta lucha fratricida, el régimen cubano es igualmente responsable de su larga duración. ¿Por qué se incluye a semejante enemigo de la paz y la libertad en tales conversaciones? Dando vueltas en el mismo punto, América Latina parece trasnochadamente influenciada por una vieja táctica occidental frente al totalitarismo soviético. La pasiva contención y tolerancia inclusiva de los gobiernos del continente con un ponzoñoso sobreviviente político que intenta subvertir y destruir la democracia y el Estado de Derecho en cualquier parte, pero sobre todo en su entorno cercano, también parecen inspiradas en la desacertada certificación de la Administración Obama al calificar al sistema imperante en la isla como no peligroso. Este lamentable error a mediano plazo puede pesar negativamente sobre las intentonas de pacificación en el hermano país suramericano.
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