Prioridades y tiempos

Prioridades y tiempos

Diódoro Carrasco Altamirano

Sin duda, lo central, para el gobierno que llega, es establecer una clara definición sobre sus prioridades políticas. Son importantes las reformas de estructura, e igualmente aquellas que tienden a poner coto a la corrupción y alcanzar mayor transparencia en el quehacer gubernamental. Sin embargo, lo trascendente está en la definición de las prioridades y los tiempos, así como en la consecuente conformación del equipo de gobierno que operará tales decisiones.
 
Me parece que una prioridad insoslayable es, primero, ratificar la voluntad política para encarar con toda la fuerza del Estado el combate a la inseguridad y a la violencia.


Segundo, que se trata de asumir esta lucha como un esfuerzo nacional e incluso internacional.


Tercero, que para ello se requiere construir alianzas y apoyos sociales y políticos que la viabilicen.


Cuarto, identificar las adecuaciones institucionales que al efecto se deben realizar.


Quinto, tener claros los perfiles de quiénes van a encabezar estas tareas.


Como se ha dicho, la estrategia es importante, pero lo fundamental es la decisión política para actuar con contundencia y rapidez en un asunto que no admite tregua.


Una de las limitaciones de la actual estrategia de lucha contra el crimen reside en la falta de coordinación entre las distintas dependencias federales y con los gobiernos estatales, la ausencia de una clara concentración de mando, lo que se refleja en la acotada capacidad del gabinete de seguridad. En cuestiones de seguridad no puede haber pluralidad.


El nuevo equipo de gobierno tiene que preguntarse sobre la conveniencia de seguir manteniendo una Secretaría de Gobernación sin dientes, relegada a tareas secundarias, en lo que se supone que es su función primordial: garantizar la gobernabilidad política del país. Así como la conveniencia de mantener como cabeza de sector a una Secretaría de Seguridad Pública que tiene cuantiosos recursos humanos, tecnológicos y materiales, pero sin la perspectiva y conducción política indispensables para esa tarea.


Como lo han señalado algunos ex mandatarios colombianos (César Gaviria, Álvaro Uribe), hay cosas que deben estar fuera de la discusión. Por ejemplo, que el presidente de la República y los gobernadores de las entidades federativas deben estar al mando y en el control de esta lucha. Que es imposible parar el flujo de drogas, por lo tanto, la lucha no debe ser por detenerlo, sino por garantizar la seguridad de la gente y eliminar la violencia desmedida.


No hay que hablar más de “guerra”; es un asunto de políticas públicas, de seguridad pública y de seguridad interior. Es menester romper o acotar las redes del narco, para asumir efectivamente el control territorial.


A estas alturas, lo importante es lo que falta por hacer, sobre la base de lo que ya se hizo (Policía Federal, controles de confianza, tecnología, adiestramiento, inteligencia estratégica, etcétera).


El prohibicionismo ya fracasó, las drogas y su consumo son un asunto primordialmente de salud pública. La frase “legalizar las drogas” puede ser correcta, pero desmoraliza a quienes en las calles combaten a los cárteles; es mejor criminalizar la producción, distribución y venta de estupefacientes.


En Colombia, al tomar posesión, Álvaro Uribe buscó una victoria temprana contra el crimen organizado, y la encontró al lograr el libre tránsito de las carreteras que acceden a la capital, Bogotá. En nuestro país esa victoria temprana del nuevo gobierno podría conseguirse bajando de manera drástica los índices de secuestro y retomando el control de los penales, entre otras acciones de gran impacto social.


Para ello, lo fundamental es establecer la coordinación con todas las fuerzas e instituciones del Estado, los gobernadores en primer término, para lo cual debe ser una ventaja que la mayoría pertenezca al partido del presidente electo.


Se requiere, además, una política de comunicación efectiva, otra de las limitaciones estratégicas del actual gobierno, no solo con los medios, sino también de manera abierta con la ciudadanía. Flexibilidad para remover mandos y agentes en las fuerzas policiacas, federales y estatales. Combatir en serio el lavado de dinero, por ejemplo, creando una poderosa y eficaz subsecretaría en Hacienda dedicada a ese propósito.


Finalmente, recordar que los pilares fundamentales de la confianza son: la seguridad, la inversión y las políticas de desarrollo social. Sin esa triada, sin estado de derecho consolidado, ningún país puede plantearse con seriedad superar los rezagos y avanzar hacia estadios superiores de desarrollo.


Como se ve, no es pequeña la tarea que enfrentará el próximo gobierno.