La política subvierte al Estado de Derecho en los EE.UU.
Por Ivan Eland
El Instituto Independiente
El Instituto Independiente
Uno de las cuestiones más importantes de las elecciones de 2012 no es
un tema relevante porque ambos partidos desean ignorarlo: el castigo a
las violaciones de los derechos humanos mediante la tortura de la era
Bush. Sin embargo, en un país donde el Estado de Derecho (es decir,
donde se supone que todos somos iguales ante la ley) debería ser de suma
relevancia, es vital que estos incómodos episodios sean examinados y,
en su caso, juzgados. Sin embargo, la CIA ha sido puesta por encima de
la ley.
El episodio es similar a cuando el presidente Gerald Ford colocó al
ex presidente Richard Nixon por encima de la ley mediante un indulto
inconstitucional por sus delitos en el caso Watergate antes de que Nixon
hubiese sido siquiera condenado por alguno de ellos. A pesar de que
esta protección contra el enjuiciamiento es similar a la protección del
Departamento de Justicia de los torturadores de la CIA, al menos el
indulto del presidente Ford fue justificadamente impopular entre el
pueblo estadounidense y contribuyó a su derrota cuando buscó su
re-elección en 1976. Por desgracia, la protección de Obama de agentes de
la CIA de ser procesados por tortura descaradamente ilegal a fin de
evitar las críticas de los republicanos no es impopular y no contribuirá
a la derrota electoral de Obama, incluso si ella ocurre.
Hubieron fuertes disidentes de la política inicial de la
administración Obama de no enjuiciar al personal de la CIA que siguió
las leguleyas opiniones claramente ilegales del presidente George W.
Bush sobre la tortura, las cuales fueron a la larga revocadas. Esta
oposición dentro de la administración Obama tomó la forma de la loable,
pero criticada, investigación del Fiscal General Eric Holder de
incidentes en los que torturadores de la CIA excedieron incluso las
ilegales directrices del gobierno de Bush sobre la tortura. Holder
investigó las muertes de dos prisioneros a causa de la tortura: una en
Afganistán en 2002 y otra en Irak en 2003. Por desgracia, como era
previsible al caer víctimas de la política en un año electoral,
recientemente se anunció el cierre de ambos casos sin juicio, eliminando
por ende esencialmente la posibilidad de cualquier magra victoria del
Estado de Derecho con el enjuiciamiento de la tortura de la era Bush.
No obstante, al anunciar el cierre de las causas penales, Holder
sostuvo extrañamente que los funcionarios no identificados de la CIA no
deberían ser éticamente exonerados. Holder declaró: “Basado en el
antecedente fáctico plenamente desarrollado respecto de las dos muertes,
el departamento ha declinado el enjuiciamiento dado que la evidencia
admisible no sería suficiente para obtener y sostener una convicción más
allá de una duda razonable”. Añadió que la investigación “no pretendía,
y no pretende, resolver cuestiones más amplias relativas a la decencia
de la conducta examinada”.
Estoy seguro de que esta distinción es ajena a las familias y amigos
de los muertos, a pesar de que la falta de castigo para los responsables
de la CIA de estos, y todos los otros, episodios de tortura no lo es.
Las vagas referencias de Holder a “los plazos de prescripción y las
disposiciones jurisdiccionales” como motivos para declinar el
enjuiciamiento deberían plantear suspicacias respecto de que la política
electoral jugó un papel importante en esa decisión.
Parte del problema en la mayoría de los casos de tortura—la cual es
claramente ilegal conforme el derecho estadounidense e internacional—es
que el Poder Ejecutivo es renuente a procesar a sus propios empleados
por conducta ilegal. De hecho, el Departamento de Justicia, siempre
receptivo a cualquier administración que esté en el poder, originalmente
redactó memorandos justificando la tortura ilegal. Así que en efecto, a
fin de enjuiciar a la mayoría de los casos de tortura, el Departamento
de Justicia tendría vergonzosamente que procesar a individuos por seguir
las reglas que les había establecido. Además, incómodas preguntas
serían formuladas a continuación acerca de por qué altos funcionarios
del gobierno de Bush, incluido el presidente George W. Bush, quien
aprobó las políticas ilegales justificadas en los memos del
Departamento, no han sido enjuiciados. En los dos casos en los que
agentes de la CIA fueron incluso más allá de las brutales pautas
oficiales de la administración Bush, sólo la pura política ha impedido
el sometimiento a juicio.
En la cita de Holder antes mencionada, él no afirmó que no existía
evidencia suficiente para enjuiciar a los dos casos de tortura
“excesiva”; simplemente sostuvo que no existía suficiente “evidencia
admisible” para hacerlo. Una vez más, el Poder Ejecutivo puede decidir
qué información atinente a la “seguridad nacional” es desclasificada en
el enjuiciamiento de sus propios empleados. Por lo tanto, el secretismo
de las operaciones de la CIA, aun las ilegales, ha sido mantenido por
encima del Estado de Derecho, que es un principio fundamental de la
República.
Esto no debería ser una sorpresa. En enero de 2009, el nuevo
presidente Barack Obama anunció que a pesar de que él no “creía que
alguien estuviese por encima de la ley”, deseaba “mirar hacia adelante
en vez de mirar hacia atrás”. También señaló que no quería que los
empleados de la CIA “de repente sintiesen como que tienen estar todo el
tiempo mirando por encima de sus hombros y pleiteando”.
Sucede como cuando alguien inicia sus comentarios diciendo: no quiero
ser grosero” o “no quiero ser sarcástica”, y es eso exactamente lo que
quiere ser. Cuando Obama efectuó esta declaración, realmente quería
poner a los agentes de la CIA que cometieron actos ilegales de tortura
por encima de la ley. Individuos que sabían perfectamente que estaban
cometiendo actos inmorales e ilegales, incluso cuando se les dijo que su
empleador los aprobaba, precisan estar mirando por encima de sus
hombros y “pleiteando” contra el procesamiento.
En ese momento, el recién asumido Obama no deseaba que los
procesamientos por tortura se interpusieran en una agenda que incluía
estímulos plagados de negociados, rescates financieros a las
automotrices, y más interferencia gubernamental en el área de la
atención de la salud y el sistema financiero. El país habría estado
mejor si Obama hubiese “mirado hacia atrás”—para enjuiciar las
atrocidades de la administración Bush y la obstrucción de la justicia,
como la destrucción de las cintas de vídeo de los brutales
interrogatorios de la CIA—en vez de mirar hacia adelante.
Y como si la injusticia de blindar a los torturadores de un
procesamiento no fuese suficiente, el Departamento de Justicia se
encuentra hipócritamente enjuiciando a un ex oficial de la CIA dedicado a
cazar miembros de al-Qaeda, quien valientemente se pronunció sobre la
técnica del ahogamiento simulado, por identificar ante periodistas a
otros funcionarios de la CIA que participaron en atroces interrogatorios
ilegales. El gobierno a menudo enjuicia a los denunciantes que sacan a
la luz la conducta gubernamental impropia o ilegal, y esta no es una
excepción.
Es un día triste cuando el Estado de Derecho—un valor central del
sistema estadounidense—es menos popular entre los norteamericanos que la
supuesta “seguridad nacional”. La política exterior se supone que debe
ser empleada para proteger los principios del sistema político, no para
ser elevada por encima de ellos en un Estado beligerante.
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