jueves, 27 de septiembre de 2012

Colombia: El legado de la seguridad democrática – por Óscar Iván Zuluaga

Cientos de miles de colombianos se han beneficiado directamente de la prosperidad económica que la seguridad democrática indujo.

Uno de los principales propósitos de la política de seguridad democrática es la recuperación de la inversión privada nacional y extranjera. La seguridad democrática logra así dinamizar el crecimiento de la economía, aumentar los recaudos fiscales y, por esa vía, incrementar la inversión pública en política social. Colombia se ha beneficiado notablemente de ese círculo virtuoso entre la política de seguridad, la inversión privada y el bienestar social.
El impulso a la inversión en el período 2002-2010 permitió que Colombia tuviera en el año 2011 una de las mayores tasas de inversión en América Latina (27% del PIB) y la quinta más alta de crecimiento de inversión extranjera directa en el mundo. Esos flujos de inversión son los que han puesto a Colombia en el radar internacional y han hecho posible que el país emprenda un proceso exitoso de inserción en la economía global.


Una perspectiva comparativa ilustra la importancia de proveer incentivos y hacer más competitiva la inversión. Mientras que el 70% de la inversión en Colombia en el 2011 era de origen privado, en Venezuela el Estado es responsable de cerca del 90% de la inversión total. En décadas pasadas, Venezuela era (y por mucho) la cuarta economía más grande de América Latina gracias a su inventario incomparable de recursos naturales. Pero tanto su modelo estatista como la creciente inversión privada en Colombia desde el 2002 dieron pie a que en el 2009 la economía colombiana superara en tamaño a la venezolana.
Pero los avances no paran ahí. Recientemente, el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry señalaba que el tamaño de la economía colombiana superó en términos reales a la de Argentina. Ahora somos la tercera economía más grande de la región, superada sólo por Brasil y México. Argentina (también) está pagando el precio de un modelo estatista que ha erosionado la inversión privada en el sector petrolero, entre otros. Por esa razón, y a pesar de ser un país con reservas abundantes, en el 2011 Argentina tuvo que importar cerca de US$ 8.000 millones en petróleo, cosa que está causando un serio problema de escasez de divisas.
Si Argentina y Venezuela, que eran más ricos, han sufrido todos estos problemas, ¿qué tal que Colombia no se hubiera comprometido a fondo con el fomento de la inversión privada en el sector petrolero? Sin esa inversión, seguramente se hubiera hecho cierto el augurio del 2002, según el cual Colombia agotaría sus reservas petroleras en el 2008. Huir de ese escenario gracias a la inversión fue posible porque el país gozaba de las garantías de la seguridad democrática.
Cientos de miles de colombianos se han beneficiado directamente de la prosperidad económica que la seguridad democrática indujo. Los procesos de capitalismo democrático de Ecopetrol, ISA e Isagén son apenas ejemplos notables. En el caso de Ecopetrol en particular, la apertura accionaria les permitió a muchos colombianos -la mayoría de ingreso medio- triplicar sus ahorros gracias a una inversión rentable y segura. El Estado también fue ganador en el proceso, porque el capital privado le dio renovada vitalidad a Ecopetrol y aumentó considerablemente el valor del patrimonio público representado en la empresa. Según cálculos del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, el valor de las acciones de la Nación a precios de mercado supera ya el monto de la deuda pública total del Gobierno Nacional.
Traigo a colación estos hechos y avances porque el valor de la seguridad democrática es inescindible de sus comprobados efectos económicos. Más seguridad significó para los colombianos más ahorro, más ingresos y más estabilidad hacia el futuro. Por eso vale la pena defender la seguridad democrática como política de Estado en el debate público y político.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario