Colombia apuesta a negociar con las FARC

Por MARY ANASTASIA O'GRADY

Hasta donde yo sepa, nadie ha calculado el valor neto de los futuros flujos en efectivo de las actividades del narcotráfico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Sería un buen número para tener en cuenta en momentos en que el presidente colombiano Juan Manuel Santos emprende el cuarto intento en más de treinta años para llegar a un acuerdo de paz con los legendarios terroristas.
Conseguir que las FARC renuncien al crimen organizado será un aspecto clave para un desenlace exitoso. Pero eso implica una compra.

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Agence France-Presse/Getty Images

Juan Manuel Santos

La noticia de que el gobierno de Santos ha mantenido en secreto conversaciones con las FARC durante más de un año se filtró a la prensa el 27 de agosto. Eso dio lugar a la publicación de un documento de tres páginas, fechado el 26 de agosto en La Habana, informando los temas que las dos partes han acordado que estarán sobre la mesa cuando se reúnan en Oslo en octubre próximo. La agenda incluye la participación política, el fin del conflicto y la solución al problema del narcotráfico. Las negociaciones tendrán lugar en Cuba y Noruega, mientras que Venezuela y Chile serán observadores.


La reacción en Colombia a los esfuerzos de Santos para alcanzar un acuerdo con las FARC va desde la esperanza y el entusiasmo a las sospechas y el rechazo absoluto. Una reciente encuesta realizada por Ipsos Napoleón Franco encontró que 77% de los colombianos aprueba la decisión del presidente para iniciar el diálogo. Sin embargo, formadores de opinión clave, como el ex presidente Álvaro Uribe, no están tan entusiasmados por continuar. Muchos se preguntan por qué el gobierno debería negociar con delincuentes marxistas que no han dejado las armas, mantienen secuestrados y siguen asesinando civiles. Para ilustrar todavía más su falta de buena fe, las FARC dieron a conocer recientemente un video de rap que parece burlarse de Santos. Se afirma que el mandatario se vio obligado a pedir la negociación porque no podía prevalecer desde el punto de vista militar.
Todo esto demuestra que la magnitud del riesgo en que está incurriendo el presidente colombiano. Las minas terrestres de las FARC están por todos lados.
No es de extrañar que la mayoría de los colombianos estén abiertos a alcanzar un acuerdo paz. El país está cansado de más de cinco décadas de violencia guerrillera y Santos se ganó su confianza como ministro de defensa de Uribe entre 2006 y 2009. Durante su gestión demostró ser un brillante estratega militar capaz de golpear con decisión al enemigo. Su gobierno dice que ha eliminado a los dos principales líderes de las FARC y capturado o dado de baja en combate a otros 18 comandantes.
Cuesta, por lo tanto, aceptar las acusaciones de que el presidente se ha vuelto blando contra el terrorismo. Santos sabe mejor que nadie que si no consigue una completa capitulación de las FARC, utilizarán la "paz" para extender la guerra. Cuando el predecesor de Uribe negoció con los rebeldes, aprovecharon un refugio seguro autorizado por el gobierno para almacenar armas, mantener secuestrados y tramar atentados.
En una entrevista telefónica desde Bogotá la semana pasada, el presidente me dijo que los rebeldes le propusieron dialogar y que él sintió la responsabilidad de buscar la posibilidad de un acuerdo de paz porque pese a su debilitamiento las FARC seguirán siendo una amenaza a la población en los próximos años.
Santos indicó que dejó claro desde el principio que no habrá ningún refugio seguro ni cese al fuego bilateral. Agregó que cualquier negociación duraría meses, no años, y que la propiedad privada, las operaciones militares y las políticas estatales, como los impuestos, no son negociables. Su equipo de negociación de cinco miembros incluye un ex jefe de la policía, un ex comandante de las fuerzas armadas y el presidente de la cámara de comercio, todos pilares de la comunidad democrática.
Teniendo en cuenta todo esto, el proceso parece bastante seguro. No obstante, también hay muchas razones para ser cauteloso, en especial con la participación, aunque pasiva, de la dictadura militar cubana.
Una preocupación legítima para quienes conocen a las FARC es la "ley de restitución de tierras" patrocinada por Santos y aprobada a principios de este año, que abre las puertas a demandas judiciales por parte de personas que dicen haber perdido bienes en el conflicto a punta de pistola y exige que el actual propietario pruebe cómo adquirió la tierra. También hay una nueva promesa de indemnizar a las víctimas de violaciones de derechos humanos perpetradas por partes distintas del Estado. En ese sentido, los delitos del Estado ya estaban cubiertos.
Ambos parecen haberlo hecho para suavizar las negociaciones, garantizando a las FARC y sus agentes —quienes son enemigos jurados de muchos grandes terratenientes y desde hace mucho codiciaban sus propiedades— que pueden hacer sus caminos a los tribunales.
Sin embargo el sistema judicial de Colombia no es confiable y las organizaciones no gubernamentales de izquierda han demostrado repetidamente su capacidad para sobornar o intimidar testigos para ganar casos. ¿De qué sirven las victorias militares en los campos de batalla si los terroristas pueden usar el sistema judicial para confiscar la propiedad, forzar grandes pagos del gobierno y destruir vidas y el sustento de las fuerzas armadas?
Las negociaciones con las FARC podrían llegar a constituir un triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Sin embargo, dada la larga historia de derramamiento de sangre, la oferta de las FARC fue algo que Santos no podía rechazar, aunque sólo demuestra que, salvo la rendición de las FARC, no hay mucho que una democracia liberal moderna tenga que conversar con los marxistas que dirigen el negocio de las drogas.